Rebeca Marín
La Contraloría General del Gobierno de México y los órganos internos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) iniciaron una investigación al detectar crudo contaminado. Ello, luego de un cambio inusual solicitado por el Subdirector Jurídico Contencioso de Pemex que favoreció a QMAX en un contrato millonario para desalinizar y deshidratar crudo, pese a su falta de capacidad técnica y financiera.
Además, el juzgado Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México dictó el 26 de diciembre de 2024 una serie de medidas cautelares contra Química Apollo como líder del consorcio.
Y, es que de acuerdo a las investigaciones, la petrolera estatal Pemex enfrenta una controversia interna luego de que se revelara que el subdirector jurídico contencioso, Rodrigo Loustaunau Martínez, promovió modificaciones en la estructura de un consorcio para beneficiar a la empresa QMAX en la adjudicación de contratos millonarios.
Debido a ello, la información ha generado preocupación, dado que se desconoce si la compañía cuenta con la capacidad administrativa, financiera y técnica necesaria para llevar a cabo los procesos de desalinización y deshidratación del crudo conforme a estándares internacionales implementados por Pemex.
De acuerdo a las investigaciones, QMAX participa en consorcio junto con el Instituto Mexicano del Petróleo y Química Apollo, y mediante una serie de maniobras legales, la firma ha buscado obtener la titularidad del contrato, desplazando a otras empresas con mayor experiencia en el tratamiento del crudo.
Fuentes de la propia paraestatal advierten que QMAX, cuya función en el consorcio de suministro de productos químicos para poner en calidad comercial los crudos que convergen de las Regiones Marinas y Sur de PEP a la Terminal Marítima Dos Bocas era meramente administrativa, no cuenta con información de consulta de carácter público como una página web o un reporte financiera.
Por otro lado, según un documento consultado en el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, QMAX México entró en concurso mercantil debido a su crisis financiera, y apenas en julio de 2024 salió tras negociar un convenio con sus acreedores.
El conflicto legal en torno a este Acuerdo Referencial se intensificó cuando el Juzgado Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México dictó el 26 de diciembre de 2024 una serie de medidas cautelares contra Química Apollo como líder del consorcio. Entre ellas, se ordenó reconocer a QMAX como nuevo líder, confiscar y asegurar bienes y derechos de la empresa desplazada, suspender cualquier pago derivado del contrato y restringir el acceso del personal y representantes de dicha empresa a las instalaciones y plataformas de Pemex.
Sin embargo, la parte afectada obtuvo una suspensión definitiva contra dichas medidas el 11 de enero de 2025, lo que fue notificado a Pemex a través de un notario.
A pesar de ello, el 22 de enero se tuvo conocimiento de que QMAX inició un proceso penal ante la Jueza del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México de la Unidad de Gestión Judicial Número Cuatro, solicitando las mismas medidas cautelares que en el proceso judicial civil.
Posteriormente, el 30 de enero, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, actualmente tramitado por competencia en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva de dichas medidas cautelares. Ello fue notificado a Pemex el 5 de febrero.
El conflicto legal en torno a este Acuerdo Referencial se intensificó cuando el Juzgado Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México dictó el 26 de diciembre de 2024 una serie de medidas cautelares contra Química Apollo como líder del consorcio. Entre ellas, se ordenó reconocer a QMAX como nuevo líder, confiscar y asegurar bienes y derechos de la empresa desplazada, suspender cualquier pago derivado del contrato y restringir el acceso del personal y representantes de dicha empresa a las instalaciones y plataformas de Pemex.
Sin embargo, la parte afectada obtuvo una suspensión definitiva contra dichas medidas el 11 de enero de 2025, lo que fue notificado a Pemex a través de un notario.
A pesar de ello, el 22 de enero se tuvo conocimiento de que QMAX inició un proceso penal ante la Jueza del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México de la Unidad de Gestión Judicial Número Cuatro, solicitando las mismas medidas cautelares que en el proceso judicial civil.
Posteriormente, el 30 de enero, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, actualmente tramitado por competencia en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva de dichas medidas cautelares. Ello fue notificado a Pemex el 5 de febrero.
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