Rebeca Marín
Durante años, las corridas de toros en la Ciudad de México han sido tema de desencuentros entre activistas y empresarios, con la lucha de los primeros para que el Congreso capitalino legisle a favor de su prohibición.
La discusión, que está en el órgano legislativo desde 2021, podría finiquitar este año, ya que los diputados deben discutir obligatoriamente una iniciativa ciudadana presentada por organizaciones de la sociedad civil en septiembre de 2024, la cual recibió la clasificación de iniciativa preferente.
Los diputados tienen los días contados para dictaminar la iniciativa ciudadana preferente, debido a que la Ley Orgánica del Congreso de la CDMX establece que, para efectos de las iniciativas preferentes, el plazo para su dictaminación es de 45 días naturales improrrogables y contados a partir de su presentación. Es decir que el 11 de marzo, ya debe haber un dictamen.
Por lo anterior, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas arrancó esta semana una serie de audiencias de parlamento abierto con grupos de la sociedad civil, respecto de la iniciativa ciudadana preferente para la prohibición de espectáculos públicos y privados con animales, específicamente corridas de toros, novilladas, becerradas, rejoneo, tientas y peleas de gallos.
El acuerdo CCMX/IIIL/CPCEIC/ACDO03/2025 establece que el parlamento abierto contará con sesiones o encuentros entre los grupos interesados en el proceso de dictaminación de la iniciativa, del 17 al 24 de febrero de 2025.
Pero la discusión mantiene otra disyuntiva que podría dilatarla: diputados de Morena solicitan se haga una consulta a pueblos y barrios de la Ciudad de México para dictaminarla, a pesar de que legisladores y activistas señalan que esta medida podría ser una estrategia para atrasar su discusión.
Incluso, el 13 de febrero de este año, presuntos integrantes de pueblos y barrios originarios y empleados de la Monumental Plaza de Toros México se manifestaron afuera del congreso, para protestar en contra de la propuesta ciudadana.
La discusión mantiene otra disyuntiva que podría dilatarla: diputados de Morena solicitan se haga una consulta a pueblos y barrios de la Ciudad de México para dictaminarla. / Nadya Murillo / El Sol de México
En la segunda jornada del parlamento abierto, realizada este 18 de febrero, el activista Arturo Berlanga Ramírez manifestó que los pueblos y barrios originarios tienen autonomía y determinación; sin embargo, según la Constitución federal y local, tienen la obligación de respetar las normas en temas de protección animal.
"Consultar resultaría ir en contra de lo establecido en las dos constituciones (…). No vine a expresar mi opinión, vine a leer los artículos de la Constitución federal, de la Constitución local, de la ley General de Equilibrio Ecológico. Lo único que vine a hacer es a leer los artículos y decir no procede la consulta ni a pueblos y barrios originarios, ni a la propia población", dijo.
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