La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de armonizarlas con las reformas constitucionales en materia judicial.
Con 335 votos a favor y 125 en contra y una abstención, el Pleno de San Lázaro aprobó el dictamen del 105 Constitucional, mismo que se devolvió al Senado de la República para hacer una modificación de redacción en la Fracción E del Artículo 72 de la Constitución.
Estos cambios a la Ley reglamentaria permitirán alinear la legislación con las reformas publicadas el 31 de octubre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que establecen la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución.
La propuesta está encaminada a armonizar las leyes en materia judicial, con lo previsto en la reforma a la Carta Magna sobre la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Política, que fue publicada el 31 de octubre del 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El objetivo es adecuar diversas porciones normativas al texto constitucional vigente, entre las que destacan: incorporar un lenguaje incluyente; establecer la posibilidad de que las partes reciban la notificación de una resolución por vía electrónica; se enfatiza que en ningún caso pueden dictarse suspensiones contra normas generales ni en acción de inconstitucionalidad ni en controversia constitucional.
Arturo Yáñez Cuellar, diputado del PRI hizo un llamado Morena, PT y Verde a la empatía y a la solidaridad con el pueblo de México, "ustedes como gobierno de Morena han logrado todos los instrumentos para poder imponer jueces, magistrados y ministros para frenar los derechos de los mexicanos. Hay que hablarles de frente y hay que hablarles con toda transparencia a las mexicanas y a los mexicanos, lo que quiere Morena es la dictadura perfecta".
Dijo que la minuta que se va a aprobar, lleva un retroceso a los derechos de los mexicanos. "Es un golpe fuerte a los avances jurisdiccionales y de control que existen en México, lo que ustedes quieren es atar de manos al pueblo de México.
"No se cansan ustedes, compañeros de Morena, de imponer jueces, magistrados y ministros a modo, ahora quieren leyes a modo. No se cansan de que hayan quitado órganos autónomos, lo que van es en la ruta de la dictadura perfecta, de concentrar el poder".
Luis Enrique García López, del PAN señaló a los morenistas, "ahora que tienen todo el poder, su principal objetivo se ha convertido en erradicar cualquier autoridad, poder o instrumento jurídico que pueda frenar las locuras u ocurrencias de su patrón o de los inquilinos del Palacio Nacional".
Acción Nacional insistirá, como lo hemos hecho siempre, que la autoridad debe tener límites, que debe existir un sistema de pesos y contrapesos, que debe garantizarse que las mayorías gobiernen, pero que no hagan las cosas aplastando a las minorías.
"Ustedes en el oficialismo tienen la idea equivocada de que en años en el poder tienen que erradicar a todos los demás que no piensan como ustedes, tienen la errónea concepción de que la democracia solo es lo que ustedes creen adecuado que debe de existir, creen y defienden un país con un pensamiento único, que además ni es suyo y se los dictan desde Palacio Nacional".
Por su parte, Arturo Olivares Cerda, explicó que estas reformas fortalece el Estado de Derecho y asegura que ninguna ley o acto de autoridad pueda estar por encima de nuestra norma fundamental.
Las controversias constitucionales reguladas en la fracción I, son herramientas para resolver conflictos entre Poderes de la Unión, entre los distintos niveles de gobierno y entre organismos con autonomía constitucional. Estas controversias permiten mantener el principio de división de poderes y evitar excesos que pudieran generar abuso de autoridad o violaciones a la Constitución.
Por su parte, las acciones de inconstitucionalidad contempladas en la fracción II, permiten impugnar normas generales que puedan contravenir la Constitución. Esta facultad la tienen, entre otros, la Comisión de Derechos Humanos. Lo que otorga a distintos actores la capacidad de proteger el orden constitucional y los derechos fundamentales.
Asegura que la seguridad jurídica de nuestra nación depende de que estos mecanismos sean usados con responsabilidad y en beneficio del pueblo, fortalece la autonomía del Poder Judicial al establecer normas claras sobre la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de estos asuntos, para lo que el máximo tribunal debe contar con herramientas sólidas para garantizar el cumplimiento de la Constitución sin presiones ni interferencias externas.
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