Rebeca Marín
El Congreso de la Ciudad de México fue escenario de un fuerte debate entre diputados de Morena y el PAN, luego de que los primeros presentaran un punto de acuerdo para exhortar a los segundos a no difundir información falsa sobre la reforma al Código Fiscal local. Mientras Morena acusó a la oposición de manipular datos para generar alarma sobre una supuesta expropiación de viviendas, Acción Nacional insistió en que la medida vulnera la propiedad privada y los derechos de los ciudadanos.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del recinto de Donceles y Allende diputada morenista Valentina Batres Guadarrama, dijo que los panistas manipulan la información y no es cierto que vaya a darse una expropiación de vivienda en la metrópoli, sino más bien se quiere tener datos actualizados de los ciudadanos que cuentan con propiedades superiores a un valor de 4.5 millones de pesos.
Luego vino la respuesta del vicecoordinador de la bancada de Acción Nacional, Diego Orlando Garrido López, quien aseguró que la representante popular de Morena miente y la realidad es que el gobierno capitalino pretende un ataque a la propiedad privada, al tiempo que aclaró que entre grupos parlamentarios no hay lugar para hacer exhortos porque cada uno tiene la facultad de ejecutar sus opiniones y puntos de vista.
Resulta que la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución presentada por Batres Guadarrama y que fue avalada por la mayoría de los congresistas de Morena y sus aliados, va dirigida a que el Poder Legislativo local "exhorta al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a conducirse con responsabilidad parlamentaria y respeto a la ética legislativa, evitando la difusión de información falsa sobre las reformas legislativas discutidas y aprobadas".
La discusión subió de tono y se prolongó, con descalificativos de una parte a otra, los panistas sostuvieron sus dichos en el sentido de que la realidad es que el partido en el poder quiere afectar la propiedad privada y, dejaron en claro que la actitud de morenistas se dirigió a lanzarles calumnias y acusaciones falsas.
En el punto de acuerdo también se establece el "respetar el derecho de la ciudadanía a la información veraz, en apego a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los de Morena que se subieron repetidamente a la tribuna para posicionar, con una Valentina Valia que llegó a ocupar el lugar hasta 22 minutos, recibieron el apoyo de aliados del PVEM, PT y las asociaciones parlamentaria Progresista de la Transformación y Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, a lo que se sumó el PRD, en el sentido de que cese la difusión de afirmaciones falsas y alarmistas sobre la reforma al artículo 132 del Código Fiscal de la Ciudad de México, garantizando que sus declaraciones públicas se ajusten a hechos verificables y no a estrategias de desinformación y a emitir un comunicado donde se expliquen los verdaderos alcances de la reforma.
De igual manera a que los del PAN se conduzcan conforme al Código de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso, para evitar la manipulación de la información como herramienta política, así como contribuir a un debate legislativo informado, con argumentos sustentados en evidencia y no en especulaciones, con el objetivo de fortalecer la confianza pública en las instituciones.
Garrido López, con todo y los argumentos de sus pares morenistas y de lo difundido por el gobierno local, insistió en que la disposición del artículo 132 del Código Fiscal, no sólo vulnera principios en materia de equidad y proporcionalidad fiscal, sino también los derechos a la privacidad y a la protección de los datos personales.
"No nos podemos exhortar a nosotros mismos", aclaró el diputado del blanquiazul Ricardo Rubio Torres, quien desde la tribuna sostuvo que no son los panistas, sino morenistas los que han incurrido en una serie de violaciones desde el Poder Legislativo, sin que se actúe como sucedió con la difusión del PAN de que existe una sanción hasta de diez mil pesos por no dar información de la propiedad privada que supere los cuatro millones y medio de pesos.
Los congresistas de Acción Nacional aclararon que más que obtener información catastral para actualizarla por parte del gobierno y de sancionar al ciudadano que no la proporcione, "el oficialismo y sus voceros han caído en contradicciones en su defensa del artículo 132 del Código Fiscal".
Delinearon que por parte de ellos no hay desinformación y que, los de Morena ahora quieren cambiar las cosas al exponer que sólo se trata de una actualización de la información catastral de los predios y que no hay sanciones, porque supuestamente la entrega de datos es voluntaria.
Finalmente, el Congreso local, con el apoyo de morenistas y aliados, exhortó al grupo parlamentario del PAN a respetar el derecho de la ciudadanía a la información veraz, en apego a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con un vocero de la bancada de Morena, Paulo Emilio García González que al dirigirse a las personas contribuyentes les dijo que se solicita una declaración informativa, de carácter voluntaria y con fines estadísticos.
A su vez, el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Pablo Trejo Pérez pidió "no contribuir al terrorismo a través de la desinformación, nadie quiere quedarse con propiedades que no son de ellos, lo que se busca es construir una comunicación entre los habitantes de la ciudad y la Secretaría de Administración y Finanzas para actualizar datos relevantes".
Diego Garrido, al hablar en contra de la propuesta, señaló que de acuerdo a los artículos IV y XXI de la Ley Orgánica del Congreso local no se pueden realizar exhortos a personas legisladoras o grupos parlamentarios.
En tanto, la panista América Alejandra Rangel Lorenzana consideró que la declaración de propiedades no tiene fundamento, y aseveró que es "una ilegalidad" de acuerdo al formato presentado por la Secretaría de Administración y Finanzas
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