El Partido Acción Nacional (PAN) salió este jueves a las calles de la Ciudad de México para protestar contra la reforma judicial impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena. Frente al Ángel de la Independencia, iluminado de azul, los panistas tomaron por unos minutos Paseo de la Reforma al grito de "no nos van a callar", y se colocaron cintas en la boca con la leyenda #FraudeJudicial.
El acto fue encabezado por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, y contó con la presencia de legisladores y figuras clave del partido, entre ellos el senador Ricardo Anaya. Durante la manifestación, acusaron que la reforma pretende politizar el Poder Judicial al permitir que jueces y magistrados sean electos mediante voto popular, lo que —según señalaron— pondría en riesgo la imparcialidad de las decisiones judiciales.
"La justicia no puede estar sometida al gobierno" En su discurso, Jorge Romero advirtió que la reforma impulsada por Morena abre la puerta a la persecución política, al colocar a jueces bajo el control del gobierno.
"La justicia no es solo un concepto de políticos o de periódicos. La justicia se vive en la vida diaria. ¿Qué pasa si mañana tú, tu madre, tu esposo o tu esposa terminan en manos de un juez? ¿Cómo garantizamos que esa persona resuelva conforme a la ley y no por instrucciones del gobierno?", cuestionó.
El líder panista alertó que la propuesta del oficialismo podría llevar al país a un régimen donde las decisiones judiciales respondan a intereses políticos. "Hay lugares en el mundo donde, si no les gusta lo que opinas, te meten a la cárcel. Eso es lo que está en juego", advirtió.
Romero subrayó que la elección de jueces por voto popular no dará mayor control a los ciudadanos, sino que pondrá al Poder Judicial en manos de Morena. "No nos dejemos engañar. No seremos los mexicanos quienes elijamos a los jueces, ellos ya fueron elegidos por el gobierno", aseguró.
Los panistas aseguraron que no limitarán su lucha al Congreso, sino que seguirán tomando las calles. "Hoy protestamos pacíficamente, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a exhibir a quienes pretenden someter al Poder Judicial y a evidenciar a quienes están vinculados con el gobierno de Morena y buscan ser jueces", sentenció Romero.
El PAN adelantó que esta protesta no será la última y que se sumarán más movilizaciones en todo el país para advertir sobre las consecuencias de la reforma judicial. "No nos vamos a cansar. No nos van a callar", afirmó.
Ministra advierte sobre el "riesgo de destrucción del Poder Judicial"
En el evento también participó la ministra Iliana Fabricia Contreras, integrante de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito, quien alertó que la reforma representa "un golpe mortal a la democracia y la división de poderes".
"La independencia judicial no pertenece a los jueces, es un derecho de todos los mexicanos. Sin un Poder Judicial autónomo, quedamos a merced del gobierno", advirtió.
La ministra recordó que la comunidad judicial ha alzado la voz en foros nacionales e internacionales para alertar sobre los riesgos de esta reforma. "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU ya han advertido sobre el peligro que esto representa para el estado de derecho en México", dijo.
Contreras subrayó que esta reforma no busca mejorar la impartición de justicia, sino someterla a los intereses del gobierno. "El objetivo es simple: poner de rodillas a la judicatura para que no haya un contrapeso al poder absoluto del Estado", afirmó.
Por último, hizo un llamado a la ciudadanía a no quedarse en silencio. "Estamos frente a un proceso que ha estado plagado de irregularidades y los ciudadanos no han sido tomados en cuenta. Hoy más que nunca debemos alzar la voz para defender la independencia de los jueces y el derecho a una justicia imparcial", concluyó.
Mientras el PAN y la comunidad judicial rechazan la reforma, Morena y sus aliados han asegurado que la propuesta busca democratizar la impartición de justicia y acabar con un sistema que, según el oficialismo, ha estado controlado por intereses políticos y económicos.
El tema ha escalado a nivel internacional y mantiene en alerta a organismos de derechos humanos, mientras en México la discusión se perfila como uno de los debates más intensos en la agenda legislativa
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