Rebeca Marín
El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) Adrián Alcalá, informó que fueron removidos de sus cargos funcionarios ligados a un hecho de corrupción de boletos para el mundial de 2026 que se llamará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.
Este miércoles, se informó que los funcionarios removidos fueron el secretario de protección de datos personales Jonathan Mendoza, así como al director general de Protección de Derechos y Sanción, Miguel Novoa, informó Alcalá, con el objetivo de facilitar las investigaciones que se están realizando.
Lo anterior deriva de la denuncia presentada por la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), debido a presuntos actos de corrupción.
Agregó que en la sesión del 29 de enero, los comisionados se deslindaron del hecho, además de que manifestaron su respaldo a las investigaciones.
Adrián Alcalá pidió que al caso se le dé celeridad ante la inminente extinción del INAI, pues defendió la presunción de inocencia de las personas que fueron señaladas por este presunto acto de corrupción y que fue denunciado por funcionarios de la Femexfut.
La comisionado Norma Julieta del Río, hizo un llamado a las personas físicas y morales a denunciar cualquier presunto acto de corrupción ante el instituto, "hasta su último día, debe terminar en paz", anunció. La decisión de remover a los funcionarios del INAI fue aprobado por unanimidad.
Corrupción vinculada con la reducción de la multa. Vamos a hacer la investigación.
La FMF fue sancionada en 2022 por recabar ilegalmente datos de aficionados que habría utilizado para identificar a hinchas violentos tras los disturbios que dejaron varios heridos en el estadio del club Querétaro, en marzo de ese año.
Le decían a la FMF: Te bajo tus multas a cambio de boletos para el Mundial, Claudia Sheinbaum.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el caso podría llegar a la fiscalía general.
Los funcionarios señalados exigieron a directivos de la FMF tres boletos para cada uno y la contratación de un despacho jurídico "aliado" para reducir dos multas que sumaban 38 millones de pesos y cerrar otros procesos.
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