Martín Aguilar
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió indagatorias contra dos jueces que emitieron suspensiones para frenar el proceso de implementación de la reforma judicial.
Las carpetas de investigación iniciadas por delitos contra administración de justicia se dan luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acordara por mayoría dar vista al Ministerio Público contra dos jueces, por las suspensiones emitidas en contra de la continuación del proceso electoral para las elecciones judiciales.
Así lo denunciaron en conferencia de prensa el juez Primero de Distrito en Michoacán, Sergio Santamaría Chamú; y la jueza sexto de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco, María Gabriela Ruíz Márquez.
Ambos expusieron que fueron notificados por la FGR sobre el inicio de investigaciones en su contra y les requirieron información para integrar los expedientes al respecto.
"El día de ayer tuve conocimiento de que se materializó (la denuncia presentada por el TEPJF) en virtud de que recibí un oficio de la Fiscalía General de la República a través de una agencia de ministerio público con sede en la Ciudad de México en la que se me requiere información de este juicio de amparo, concretamente copias certificadas tanto del cuaderno principal del amparo como del incidental. Entonces pues vemos que esta decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral finalmente está siendo materializada a través de este requerimiento que indica y se precisa ya la existencia de una carpeta de investigación", declaró el juez Santamaría Chamú.
Este juez emitió el pasado 7 de enero una resolución en la que ordenaba a los tres Comités de Evaluación frenar el proceso de evaluación de aspirantes a juzgadores, situación que fue acatada únicamente por el Comité Judicial y que provocó que el TEPJF emitiera una sentencia en la que revocaba dicha suspensión y ordenaba reanudar el proceso electoral.
La jueza María Gabriela Ruíz Márquez también fue notificada por el ministerio público federal:
"Sé que seré imputada por la condición de un delito contra la administración de justicia que prevé 37 conductas y no sé en cuáles se pretende encuadrar (...) Igualmente me piden documentación similar a lo que refiere el juez en ese asunto y considero que este tipo de actos son tendentes a amedrentarnos, a influir en mi psique de cómo resolver para intimidarnos", expresó la jueza de Jalisco.
Según la impartidora de justicia, también tiene conocimiento extraoficial de que el Consejo de la Judicatura Federal inició un procedimiento disciplinario en su contra por la emisión de suspensiones definitivas contra todo el proceso legislativo de aprobación de la reforma judicial:
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