PAN CDMX sugiere pena de hasta 20 años de prisión para funcionarios que realicen tortura

Martín Aguilar

Imponer penas de hasta 20 años de prisión a servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México que cometan actos de tortura en contra de la ciudadanía, promueve la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso capitalino.

 

Con la representación de la diputación de Acción Nacional, la legisladora local de ese partido Olivia Garza de los Santos, al hacer uso de la tribuna del recinto de Donceles y Allende presentó una iniciativa en ese sentido, con la aclaración de que del 2021 al 2024 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió 12 recomendaciones por actos de tortura cometidos por servidores públicos.

 

En posterior conferencia en la que estuvo acompañada por el coordinador de la bancada panista Andrés Atayde Rubiolo y otros congresistas del blanquiazul, la representante popular proponente aludió que esos instrumentos recomendatorios documentaron actos de tortura a más de cien personas ejecutados por servidores de tres instituciones del gobierno: la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina y el sistema penitenciario.

 

Señaló que la esencia principal de la propuesta es aumentar la pena que actualmente va de 3 a 12 años de prisión al servidor público que cometa actos de tortura.

 

"Lo que nosotros estamos proponiendo es que esta pena se eleve a un rango de 5 a 20 años de prisión", explicó Garza de los Santos quien precisó que, de las recomendaciones realizadas en la materia por la CDHCM, tres instrumentos no han sido aceptados por algunas autoridades.

 

"Los derechos humanos no se regatean, ni se debaten; se respetan y se garantizan, por eso también invitamos a las autoridades a que acepten estas recomendaciones y garanticen la no repetición de los hechos", declaró.

 

En su momento, Andrés Atayde destacó que en la Ciudad de México se han abierto más de dos mil expedientes por tortura y tratos crueles en los últimos años, representando más del 20 por ciento del total nacional.

 

"Desde Acción Nacional creemos que debe existir una medida que cause auténtico temor a quienes cometan este delito. Es momento de enviar un mensaje claro de que la tortura no tiene cabida en nuestra capital", señaló.

 

Atayde Rubiolo aclaró que el grupo parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos al presentar esta iniciativa para incrementar las penas contra servidores públicos que cometan tortura. 


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