Martín Aguilar
El pleno del Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Secretaría de Gobierno (SECGOB) de la administración capitalina que, dentro de sus facultades, garantice la no repetición de los actos de violencia suscitados en la Alameda Central el pasado domingo 23 de febrero, cuando la activista trans Donají de Mercaditas Feministas, fue brutalmente golpeada por funcionarios de esa dependencia.
Las nueve fracciones y asociaciones parlamentarias del recinto de Donceles y Allende, se unieron para repudiar en la sesión del martes lo acontecido y refirieron que los golpes no son el método al que se debe recurrir para retirar a las personas de un lugar cuando ofrecen su mercancía.
Para los representantes populares lo suscitado durante un operativo de reordenamiento del comercio informal en la alcaldía Cuauhtémoc, específicamente la Alameda Central, es condenable porque por ninguna circunstancia se debe agredir a una persona con alevosía y ventaja.
Durante la sesión ordinaria del pleno del Poder Legislativo local, se aceptó el exhorto de la SEGOB del gobierno capitalino a que se creen protocolos para el reordenamiento de la vía Pública de manera pacífica, en respeto a los derechos humanos de todas las personas, con énfasis en las mujeres de la diversidad de género y sexual, así como a las poblaciones de la diversidad sexual y de género.
Al hace uso de la tribuna para presentar el punto de acuerdo que fue aprobado, la diputada local de la asociación parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, Diana Sánchez Barrios, dejó en claro que no se puede permitir que la identidad de género sea motivo de agresión.
"Es nuestra obligación, como representantes populares, garantizar que la dignidad y los derechos de todas las personas sean respetados. Ganarse la vida como mujer comerciante no debe ser motivo para ser violentada", declaró.
Sánchez Barrios quien a nombre propio y de la coordinadora de la bancada de Morena congresista Xóchitl Bravo Espinoza, así como de la diputada del partido en el poder Brenda Fabiola Ruiz Aguilar, presentó la proposición para hacer el exhorto, sostuvo: "repruebo lo sucedido el pasado 23 de febrero en la Alameda Central, no es sólo un hecho lamentable sino un llamado urgente para fortalecer nuestra políticas públicas y garantizar que ninguna persona en la capital sea violentada por su identidad de género, preferencia, orientación sexual, ni por el ejercicio de sus derechos ciudadanos".
Una vez que delineara que las personas trans han sido históricamente marginadas y sometidas a actos de discriminación y violencia, respaldó la pronta reacción de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina por los hechos ocurridos el pasado domingo en contra de Donají.
Consideró que la responsable de la administración capitalina se apegó a los principios de justicia y derechos humanos, al condenar enérgicamente la agresión y ordenar la investigación inmediata de lo acontecido.
Sánchez Barrios precisó que la capital del país debe mantenerse como un referente en la defensa de los derechos humanos y, no se puede permitir que actos de violencia empañen los avances logrados como sociedad.
Tras indicar que la justicia debe prevalecer, en tanto que la paz tiene que ser bandera y el respeto a la dignidad humana, como principio rector, la representante popular estableció que "la acción gubernamental fue clara en el sentido de que la Ciudad de México no tolera la violencia ni la discriminación, lo que refleja una administración con un profundo compromiso humanista, donde la justicia se garantiza para todas y todos, sin distinción".
Diana Sánchez puntualizó que, si bien es necesario garantizar el orden en la vía pública, la solución nunca debe ser la violencia. "Nuestra ciudad se ha caracterizado por su capacidad de diálogo, de concertación y de resolución pacífica de conflictos".
Expuso que resulta imprescindible la creación de protocolos claros y efectivos que aseguren que cualquier reordenamiento del espacio público se lleve a cabo con respeto a los derechos humanos, sin poner en riesgo la integridad de ninguna persona.
Insistió que los protocolos deben garantizar capacitación en derechos humanos para el personal encargado de los operativos; mecanismos de mediación y diálogo antes de cualquier acción en la vía pública; supervisión estricta para prevenir abusos y actos de violencia, además de una perspectiva de género y diversidad en la actuación de las autoridades.
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