Martín Aguilar
Habitantes de la comunidad de Rancho San Blas, en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, acusaron al gobierno local de atender contra los derechos a la salud de las familias, luego de que la alcaldesa Juana Carrillo ordenara retirar con uso de la fuerza pública puestos instalados en la colonia para ofrecer atención médica a los pobladores.
Manifestaron que se trató de una decisión prepotente y represiva, pues los elementos de la corporación policiaca municipal iban armados y desbarataron los puestos del personal que ofrecía diversos servicios de salud de manera gratuita.
Las familias de Rancho San Blas responsabilizan directamente a la presidenta municipal y señalaron que dio instrucciones para desmantelar los puestos que habían sido instalados por el comité municipal del Partido Revolucionario Institucional.
Empleados de la oficina de gobierno, custodiados por medio centenar de policías, arribaron al punto donde los priistas ya habían instalado sus carpas para la jornada de apoyo social para varias comunidades de la región.
Los habitantes afectados indicaron que la dirección de Gobierno, con policías armados ordenaron de manera prepotente a los médicos y enfermeras a quitarse de la zona, a pesar de que mostraron los permisos para instalarse en la comunidad.
Los ánimos se encendieron cuando el director de Gobierno advirtió que el permiso había sido cancelado por órdenes de la alcaldesa Juana Carrillo, quien de acuerdo con denuncias previas se ha enfrentado hasta con empresarios, comerciantes, ciudadanos y miembros de su propia organización política.
Los pobladores denunciaron que el gobierno municipal no atiende demandas en materia de salud y reprobaron la decisión de impedir que las familias reciban atención médica gratuita, además de que acusaron que el municipio enfrenta rezagos en diversos rubros, como desarrollo urbano, seguridad pública, servicios públicos, agua potable, entre otros.
0 Comentarios