Rebeca Marín
La falta de apoyos a la producción obliga a los ejidatarios paulatinamente a vender sus tierras a particulares. Los programas Sembrando Vida, Producción para el Bienestar y Fertilizantes gratuitos, no cubren de manera integral las necesidades del campo y la producción de alimentos.
De las 92 millones de hectáreas de ejidos y comunidades, esto es la mitad del territorio nacional, hasta 2024 ya se encuentra en manos privadas el 0.5 por ciento de lo que era propiedad social, esto es 460 mil hectáreas.
Así lo denunció Álvaro López Ríos, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA)
"Esas tierras ejidales están en manos de acaparadores y grandes empresas inmobiliarias. Campeche es un buen ejemplo y Mérida no se queda atrás, el 60 por ciento de la actual plancha urbana se asentó en terrenos de propiedad social", explicó.
"Cancún, la Riviera Maya, en Quintana Roo, eran tierras ejidales y comunales. Son objeto de codicia por sus bellezas naturales", precisó.
"También el crecimiento urbano en todas las grandes urbes del país se ha hecho sobre las tierras de ejidos y comunidades, y la propiedad social que tienen recursos minerales, las adquieren particulares para su explotación. Compran las tierras en lugar de rentarlas", dijo a El Sol de México.
"Toda esta privatización es por la falta de apoyo, ya que obliga a los ejidatarios a vender sus tierras a particulares, como sucede en Yucatán, en el ejido Tixkokob. La casa ejidal y el cenote Yaxhuá, patrimonio del pueblo y de los campesinos es otro ejemplo de cómo la falta de apoyo y desprotección llevan a la pérdida de identidad y cultura de las comunidades rurales", dijo.
"Se requiere apoyo, créditos accesibles, semillas de calidad, obras de riego, para no depender sólo del temporal; así como de asistencia técnica especializada y proyectos productivos agropecuarios para rescatar el campo del abandono en que se encuentra", reclamó el líder de la UNTA.
Lo anterior, "provoca que además de la pérdida de la tierra y la falta de producción agrícola, se afecte la soberanía alimentaria, ya que se reduce la capacidad de producir alimentos. En 2024 se importaron alrededor de 23.8 millones de toneladas de maíz. Esto representa una dependencia alimentaria del 66 por ciento".
Justo aquí dijo que los programas del gobierno de la 4T tienen poca utilidad y no sirven para los fines de seguridad alimentaria.
México es el importador número 1 de granos en el mundo. Desplazamos a China que tiene mil 400 millones de habitantes y nosotros 140 millones.
"Además, existe una superficie de poco más de 4 millones de hectáreas que no se siembra, debido al mal temporal, la sequía; por enfermedad del ejidatario, por falta de dinero o porque no hubo quien la sembrara. La pérdida de tierra cultivable genera consecuencias ambientales negativas, como utilizarse para la urbanización o la explotación de recursos naturales".
Hasta el momento, el 45 por ciento del territorio nacional padece algún tipo de degradación.
Del 2000 al 2010 hubo una pérdida anual promedio de 195 mil hectáreas de bosque por cambios de uso de suelo y tala clandestina. De hecho, la cubierta forestal se reduce en casi 90 mil hectáreas al año, principalmente por el crecimiento urbano.
La venta de tierras agrícolas afecta la identidad cultural y la tradición de los ejidatarios y sus comunidades "ya que la tierra es un elemento fundamental de su patrimonio y de su forma de vida y tiene efectos negativos en términos de soberanía alimentaria, desigualdad social y económica, medio ambiente y patrimonio cultural, dijo el dirigente de la UNTA.
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