Martín Aguilar
EPR acusa de criminalización contra periodistas por crítica política
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) sostuvo, en la edición de septiembre de su órgano de difusión El insurgente, que en el país se vive un proceso de censura y judicialización de la crítica política, impulsado desde el gobierno federal y estados gobernados por Morena.
De acuerdo con el grupo, funcionarios y políticos recurren a la figura jurídica de violencia política en razón de género para iniciar procesos judiciales contra periodistas y ciudadanos que cuestionan su desempeño, sus viajes, gastos o presuntos actos de corrupción.
El EPR cita diversos casos, entre ellos el del columnista Héctor de Mauleón, a quien un tribunal ordenó retirar una columna publicada en El Universal y ofrecer disculpas tras denunciar presuntos vínculos de una candidata con redes de corrupción en Tamaulipas.
También menciona al senador Gerardo Fernández Noroña, que en mayo obligó a un ciudadano a disculparse públicamente por un altercado en el aeropuerto capitalino.
Otros ejemplos señalados son la orden del Tribunal Electoral de Campeche que prohibió al diario Tribuna y a periodistas locales hacer referencias a la gobernadora Layda Sansores; así como la sanción al periodista Jesús Castañeda, en Guerrero, por investigar presuntas irregularidades en el manejo de recursos tras el huracán Otis.
Según el grupo, esta tendencia constituye un uso autoritario de la ley, pues los procesos contra comunicadores avanzan con rapidez, mientras que los de luchadores sociales suelen prolongarse durante años. A su juicio, ello confirma que el aparato judicial opera en favor de los grupos de poder político y económico.
El artículo concluye que, desde la óptica del EPR, la “criminalización de la crítica política” forma parte de una política de represión que busca acallar voces disidentes y restringir derechos de libre expresión y de organización independiente en el país.
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