Martín Aguilar
El gobierno de la presidenta Claudia Shienbaum pidió a la administración de Donald Trump confidencialidad sobre la información de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, ambos señalados por autoridades estadounidenses de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Luego de que El Sol de México reveló en su edición del martes que la Cancillería decidió reservar por cinco años toda comunicación diplomática entre México y Estados Unidos relacionada con el gobernador con licencia y del senador morenista, la dependencia a cargo de Roberto Velasco difundió, la tarde de este miércoles, por instrucción de la presidenta, algunas de las comunicaciones que se han mantenido con el gobierno estadounidense sobre el tema.
En una de ellas, remitida a la Embajada de Estados Unidos, el 30 de abril pasado, la oficina del director general de Asuntos Jurídicos de la SRE considera que la acción tomada por la Oficina del Fiscal de Distrito de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York de revelar información sensible en materia de procuración de justicia, impide al gobierno mexicano llevar a cabo las actuaciones necesarias para asegurar la confidencialidad que la administración estadounidense había pedido a México en otros procesos judiciales.
“En tal virtud, se agradecerá en futuras ocasiones, que el Departamento de Justicia de a conocer a sus respectivos fiscales, el compromiso de confidencialidad de la información sensible en materia de procuración de justicia, que es la base de las solicitudes de extradición que formula ese Gobierno de los Estados Unidos de América, conforme a lo solicitado en la referida”, afirma la comunicación.
“Por esta vía me permito reiterar a usted la preocupación que le expresé en nuestra conversación telefónica del pasado 29 de abril, respecto de la revelación al público de los cargos penales y los nombres de las personas sujetas a la Novena Acusación de Reemplazo que fue presentada ante el mencionado Tribunal, mediante la publicación del comunicado de prensa que emitió la Oficina del Fiscal de Distrito de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York”, agrega.
La dependencia compartió seis resúmenes de las comunicación que hasta el momento han mantenido con Estados Unidos en las que destacan que la presidenta Sheinbaum ha sido muy clara en señalar que no se protegerá a nadie que haya cometido un delito y se ha actuado en consecuencia.
Otra comunicación fue para dejar en claro que cualquier acción legal en México requiere pruebas claras y verificables conforme a la legislación nacional. “Bajo el sistema de justicia penal acusatorio de México, no puede proceder ninguna detención ni acción judicial sin pruebas sólidas; no bastan las meras acusaciones por escrito o las declaraciones”, señaló la cancillería en otra de las comunicaciones.
En una más, México expresó que mantiene la cooperación con Estados Unidos, pero no permitirá injerencias externas en decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo mexicano.
La cancillería, sin embargo, se reservó el derecho a difundir las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales, argumentando que por su naturaleza, tienen carácter reservado.
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