Más agitación y acelere ha provocado entre políticos el anuncio que hizo Gerardo Rincón Flores, el abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán al afirmar que entregará a las autoridades estadounidenses un expediente con los nombres de 32 funcionarios y ex funcionarios mexicanos que, según su dicho, tendrían vínculos con el narcotráfico.
No dio a conocer quiénes son.
Solo aseguró que entre ellos hay personas que aún ocupan cargos públicos y otras que participaron en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, pero no presentó pruebas ni identificó a nadie de los presuntos implicados.
Por otra parte, hasta ahora no existe un anuncio oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el FBI o la DEA indicando que vayan a publicar esa lista o que hayan recibido formalmente dicho expediente.
Si la información fuera entregada y contuviera evidencia suficiente, lo más probable es que Estados Unidos no publique la lista de inmediato. Lo habitual es que las autoridades:
verifiquen la información; abran investigaciones si procede; y, solo si encuentran pruebas suficientes, presenten acusaciones formales o soliciten órdenes de aprehensión o extradición.
Ahora, hay que esperar si se difunde o no la narco lista y si eso ocurre, ya veremos si trae pruebas contra ellos como exige la Presidenta Sheinbaum para proceder contra ellos, ahora sí, porque no hay de otra, para demostrar que México no es un narco Estado.
Te diré que esto se percibe por cómo está caldeándose la situación, ya que es posible que los gringos al tener la mentada lista ejerzan mayor presión en su estrategia política, judicial y diplomática pero sin llegar a romper relaciones, simplemente porque hay grandes intereses e incentivos para preservar la cooperación en Seguridad, Comercio y Migración, especialmente en el contexto del T-MEC.
Por supuesto que también, por las circunstancias, México investigaría a los funcionarios apuntados en la narco lista y si en EU consideran que existen pruebas suficientes contra ellos, podrían presentar acusaciones, solicitudes de cooperación o nuevas sanciones.
Para ello se incrementa el intercambio de inteligencia, pero con mayores exigencias de resultados concretos por parte de EU en el combate al narcotráfico y al tráfico de Fentanilo.
Pero si esto no se diera, si continúan las diferencias sobre casos de alto perfil o si México cuestiona investigaciones realizadas por Agencias de EU (DEA, FBI, CIA, ICE etc.) sin duda que habrá declaraciones públicas más firmes de funcionarios estadounidenses.
En cuanto a las críticas a la Presidenta Sheinbaum por su postura en el caso de los llamados “narco políticos” de Sinaloa, es posible que Estados Unidos responda insistiendo en que sus investigaciones se basan en expedientes judiciales y no en consideraciones políticas.
Lo más probable para las próximas semanas es que haya una relación bilateral más tensa, con mayor presión diplomática y judicial, pero sin una ruptura de la cooperación estratégica entre ambos países.
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