Martín Aguilar
La audiencia de apertura de la etapa intermedia por el caso de la Línea 12 del Metro se difirió para el 1 de junio a las 10:00, debido a que la representación de los imputados no respondió a la acusación que formuló el Ministerio Público por el delito de homicidio culposo en agravio de 26 víctimas y daño a la propiedad.
Por esa razón, la Fiscalía de la Ciudad de México solicita una pena de 80 años de prisión para cada imputado.
Teófilo Benítez, asesor jurídico de las víctimas, informó que solicitarán al Juez de Control que no permita prácticas dilatorias y recordó que en la presente etapa la parte acusada tiene aún la posibilidad de sumarse a un criterio de oportunidad para un juicio abreviado.
"En realidad, son tácticas dilatorias y como está visto y que eso precisamente es lo que hoy vamos a dejar más claro ante el juzgador, ya que se le va solicitar que quede muy establecido que precisamente si la Ley les permite se difiera por única ocasión la presente diligencia también es que no hay hacia donde hacerse sería la última vez que ellos (imputados) tendrían esa oportunidad", advirtió Benítez Granados.
El asesor jurídico destacó que el diferimiento de la audiencia se debe principalmente a que la defensa de Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector del Proyecto Metro, y coacusados no aportaron los elementos que contempla la respuesta a la acusación como su estrategia de defensa y los datos de prueba a su favor.
"Al no haber cumplido con esa obligación procesal del descubrimiento probatorio la Ley que les faculta a poder diferir por una única ocasión esa audiencia. En ese sentido ya se le persuadió al juez para que lleve a cabo una audiencia lo más pronto posible y obligar a la defensa para que cumpla con sus obligaciones procesales".
El abogado insistió que en esta etapa solicitaran al Juez de Control una vez más la comparecencia de la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, lo cual servirá para el esclarecimiento de los hechos y un juicio adecuado que permita a las víctimas acceder a la justicia y a la verdad de los hechos.
"Nosotros ejerceremos más presión precisamente para que pueda venir a declarar Florencia Serranía y eso es una obligación que precisamente está dentro de la propia carpeta de investigación muy claro que también hay participación por parte de ella dentro de esta tragedia", indicó Benítez Granados.
Por su parte, Cristopher Estupiñán, asesor legal de un grupo de víctimas que ya lograron un acuerdo reparatorio, dijo que hay 270 pruebas. De estas, el juzgador deberá definir cuáles acepta para el juicio oral.
"Son 85 documentales, 127 testimoniales y 58 periciales, 270 pruebas en total, se van a discutir respecto de la admisión de las mismas, y buscar por supuesto el auto de apertura a juicio oral, en el cual, en todo caso se tendría que hacer un juicio a breve termino para determinar si son responsables o no, de los delitos de los que se le está acusando a los imputados.
"Esta audiencia será contra ocho imputados, la Fiscalía también está solicitando un total de 80 años de cárcel para cada uno de ellos, por el homicidio culposo de las 26 personas y las lesiones, dependiendo el grado de lesiones, da un total de 80 años de prisión", apuntó.
Al ser cuestionado sobre si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio con los imputados, el abogado señaló que ellos están dispuestos a suscribir dicho convenio, pero, dijo, que hasta el momento no han recibido una oferta por parte de la defensa.
En este sentido, el litigante recalcó que, si hoy se dicta el auto de apertura a juicio oral, "se cierra la posibilidad de una salida alterna".
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, solo existe la posibilidad de diferir por única vez esta audiencia, por lo que la siguiente será obligatoria su celebración para todas las partes.
En el caso de Enrique Horcasitas se le concedió la suspensión definitiva de auto del 15 de diciembre, por lo que señaló que con esos amparos se busca que el funcionario no tenga auto de apertura a juicio y continuar alargando el juicio.
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