Martín Aguilar
La administración Trump alistaría una campaña anticorrupción contra políticos mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado, una ofensiva que escalaría de la cancelación de visas a imputaciones en cortes federales estadounidenses, según reportó Los Angeles Times con base en fuentes familiarizadas con la relación bilateral.
De acuerdo con el rotativo, el detonante fue el discurso pronunciado por el embajador Ronald Johnson el jueves pasado en Los Mochis, Sinaloa, durante la colocación de la primera piedra de la planta de metanol Pacífico Mexinol, una inversión de 3,300 millones de dólares.
Allí, Johnson advirtió que sin un entorno libre de corrupción "las inversiones no avanzan", recordó que el T-MEC obliga a los tres países a tipificar el soborno y cerró con una frase leída como advertencia: "pronto podríamos ver acciones significativas en este frente. Permanezcan atentos."
Las fuentes citadas por el diario angelino sostienen que la ofensiva podría derivar en acusaciones penales contra legisladores y mandos de Morena. El Departamento de Estado ya ha revocado visas a varios políticos mexicanos, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
El reporte del medio afirma, además, que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también figura entre los funcionarios mexicanos con la visa estadounidense revocada, pese a que el mandatario morenista lo ha negado en repetidas ocasiones, así como cualquier vínculo con cárteles .
Decenas de operadores del Cártel de Sinaloa bajo custodia estadounidense (incluidos hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán) constituirían un banco potencial de testigos para sustentar eventuales causas judiciales.
El mensaje llega a poco más de dos meses del arranque formal de la revisión del T-MEC, prevista para el 1 de julio. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió el viernes que el combate a la corrupción "es lo que estamos haciendo" y replicó que Estados Unidos "debería hacer lo mismo".
De esta manera, la administración Trump parece decidida a utilizar el sistema judicial estadounidense como una herramienta de política exterior. Si las “medidas significativas” que anunció Johnson se materializan, podríamos ver una cascada de acusaciones formales que redefinirían la relación bilateral.
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