Rebeca Marín
La familia de Miguel Ángel Rojas Hernández, fotoperiodista que perdió la vida en el festival AXE Ceremonia 2025, solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) la comparecencia de Diego Jiménez Labora, fundador del concierto y otros accionistas vinculados a Grupo ECO, con el objetivo de esclarecer los hechos negligentes que derivaron en la tragedia.
Del mismo modo, la familia y su asesoría jurídica exigieron que diversas personas con poder de decisión corporativa rindan entrevista para explicar la estructura interna de las compañías, sus mecanismos de control y si contaban con protocolos de prevención de riesgos y seguridad.
De manera paralela, también requirieron a la Fiscalía que la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, S.A. de C.V. cambie su calidad jurídica dentro de la investigación y sea considerada empresa imputada, debido a que contaba con la concesión y administración del Parque Bicentenario.
Al momento sólo se encuentra como imputada Operadora Eclectic S.A. de C.V. la cual actuaba como empresa filial de la empresa Proyectos de Entretenimiento NLP, S.A. de C.V. ambas empresas vinculada a los hermanos Mc Phail Trouyet.
El pasado 29 de enero, la promotora cultural ECO LIVE del Grupo ECO, asumió la responsabilidad del accidente.
A través de un comunicado, el corporativo informó que desde el primer momento, el cinco de abril del 2025, han mantenido colaboración constante, abierta y transparente con la FGJCDMX, acercamientos en los que, aseguraron, se ha proporcionado de manera oportuna toda la información requerida para el desarrollo de la investigación, así como un diálogo con las familias de las víctimas.
"Decidimos mantener silencio público durante estos meses, por respeto a ellas y al proceso de investigación".
Hemos manifestado en todo momento nuestra plena disposición para alcanzar un acuerdo a las familias con lo establecido por la Ley, NO pretendemos entorpecer el proceso, por el contrario, estamos a favor de que avance, entendiendo que llegar a una resolución requiere sensibilidad, escucha y empatía, refrendamos nuestro compromiso para lograrlo", expresó Grupo ECO en ese momento.
En tanto, la hermana de Miguel Ángel, Diana Laura Rojas Hernández, refirió que no se trata de acusaciones anticipadas, si no de conocer quién tomaba las decisiones y quién tenía el deber de evitar la colocación de dos grúas que colapsaron sobre los fotógrafos.
"Estas solicitudes constituyen el ejercicio de nuestro derecho como víctimas a una investigación exhaustiva, imparcial y con debida diligencia".
"Reiteramos que continuaremos impulsando diligencias para que la investigación determine responsabilidades en todos los niveles, tanto operativos como corporativos, por la muerte de Miguel Ángel Rojas Hernández".
"Si una empresa administra un recinto abierto al público, también administra la seguridad de quienes entran a él", mencionó la hermana del fotoperiodista.
Dado que la audiencia inicial por el caso AXE Ceremonia aún no ha sido celebrada, la familia Rojas Martínez presentará queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial por aparentes irregularidades en el trámite del amparo indirecto 853/2025, en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, a cargo de la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros.
La suspensión otorgada en ese juicio desde hace más de cuatro meses impide la celebración de la audiencia inicial y, por tanto, la Fiscalía capitalina no puede imputar cargos penales a las empresas y personas investigadas por la muerte de Miguel Ángel.
En el 2025, cuando se celebraría la audiencia inicial por el accidente, la representación legal de la familia Giles fomentó un amparo para que se detuviera todo el proceso judicial y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y reiniciara la investigación para revisar si OCESA y LOBO podrían estar involucradas en la colocación de las estructuras colocadas de manera ilegal que colapsaron sobre los fotógrafos y cambiar su situación jurídica de testigos a imputados.
Hasta antes del amparo 853/2025 promovido, la Fiscalía contaba con datos de prueba para señalar a tres empresas y ocho personas físicas, entre las que se encuentran la organizadora del evento, la empresa concesionaria del Parque Bicentenario y la encargada de colocar las grúas que no se encontraban descritas en el Programa de Protección Civil.
Al exterior de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en la colonia San Ángel, los familiares de Miguel Ángel reprocharon que el 15 de octubre del 2025, María del Carmen Cisneros ordenó que no se llevara a cabo la audiencia, aún cuando días antes determinó que su suspensión era jurídicamente inadmisible, al considerar que ello obstaculizaba el proceso penal, afectaba el interés social e impedía la función constitucional del Ministerio Público.
Sin embargo, después concedió la suspensión definitiva.
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