Rebeca Marín
Las manifestaciones contra la gentrificación en la Ciudad de México crecieron durante el primer año de gobierno de Morena.
Los inconformes exigieron en primer lugar poner freno al desplazamiento de comunidades locales, ya que este fenómeno aumenta los costos de vida de las y los habitantes.
Desde la Secretaría de Gobierno capitalino se dialogó con diversas organizaciones sociales de vivienda y contra la gentrificación para tomar medidas al respecto. Por lo anterior, se presentó el denominado Bando Uno, política urbana orientada a garantizar el derecho a la vivienda digna, promover un desarrollo equilibrado y sostenible y reducir la desigualdad territorial en la Ciudad de México, respondiendo a las exigencias sociales justas.
Para atender la problemática, se realizaron foros como espacios de diálogo abierto entre autoridades y ciudadanía, con el propósito de escuchar, analizar y canalizar propuestas frente a los impactos sociales del desarrollo urbano desigual. Se contó con la participación de servidores públicos, representantes de organismos de derechos humanos, colectivos vecinales, organizaciones sociales, anfitriones y ciudadanos independientes.
En representación de la ciudadanía participaron diversos colectivos y frentes vecinales, como el Frente por la Vivienda Joven, Aquí Somos, Frente por el Arraigo e Inclusión Vecinal, Frente Anti Gentrificación, Asamblea del Pueblo de Xoco, Frente Popular Francisco Villa Independiente, Unión de Colonos Campamento 2 de Octubre, Mujeres Unidas, Bloque Rojo, Alianza Universitaria por la Alimentación Digna, entre otros.
Esta diversidad de agrupaciones permitió un diálogo amplio que reflejó las múltiples aristas del fenómeno del desplazamiento urbano en la capital.
El ambiente fue de participación activa y tono crítico, con intervenciones que pusieron en evidencia las tensiones existentes entre la planeación urbana institucional y las necesidades reales de las comunidades.
Uno de los temas más recurrentes fue la regulación de las plataformas digitales de hospedaje como Airbnb, donde se planteó la necesidad de crear un padrón de anfitriones y diferenciar entre quienes rentan su vivienda habitual y quienes operan múltiples inmuebles con fines de lucro.
Las y los asistentes exigieron la implementación inmediata del registro de plataformas, así como reglas que eviten la concentración de viviendas en manos de grandes fondos inmobiliarios y que protejan a los residentes locales frente al alza de rentas.
Se expresó también la inconformidad con el plan de renta de 183 días, al considerar que deja desprotegidos a los anfitriones el resto del año, y se advirtió sobre el riesgo de que surja un mercado negro de rentas si la regulación no es clara.
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