Rebeca Marín
Los diputados locales del Congreso de la Ciudad de México fueron conminados a difundir a través de sus redes sociales y los Módulos de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y de Apoyo de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la información necesaria para mantener al tanto a la población sobre las nuevas modalidades de extorsión y sus delitos derivados, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
El exhorto derivó de la aprobación del punto de acuerdo presentado por la presidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas del recinto de Donceles y Allende, diputada Ana Buendía García, quien dejó en claro que la extorsión es un delito de alto impacto, definido en el artículo 236 del Código Penal, que implica que una persona o grupo obliga a otra mediante engaños, amenazas o violencia a dar, hacer o dejar de hacer algo, con el fin de obtener un lucro y causar un perjuicio patrimonial.
La congresista de la bancada de Morena sostuvo que el desarrollo tecnológico cambió la forma de operar de los delincuentes y les permite el uso de la inteligencia artificial para engañar a las personas, haciéndoles creer que están hablando por teléfono con un familiar en apuros, logrando estafas y extorsiones efectivas gracias a la capacidad de la inteligencia artificial para imitar voces.
Confirmó que los tipos de extorsión más comunes que los delincuentes emprenden contra la ciudadanía son cobranza ilegítima con 47.2 por ciento; amenazas 12.1; supuestos integrantes de organizaciones delictivas 8.3 puntos porcentuales; sextorsión 6.2; secuestro virtual 2.8; derecho de piso 2.0; supuesta infidelidad 0.6 y llamadas provenientes de reclusorios 0.1 por ciento.
"Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, los reportes de robo de identidad han aumentado en un 218 por ciento respecto al año anterior", destacó.
Mencionó que las principales formas del ilícito son extorsiones telefónicas, presenciales y virtuales o a través de las tecnologías de la información y comunicación, que son de los crímenes más comunes y difíciles de erradicar.
Buendía García sustentó su propuesta para que los módulos de las 66 personas legisladoras informen de esta situación, porque "es necesario implementar políticas públicas que difundan la manera en que podemos formar parte de estos delitos y cómo podemos prevenir ser víctimas de ellos".
Además, es esencial que estas políticas se enfoquen en la capacitación de la ciudadanía para identificar señales de alerta, reforzando la conciencia colectiva y promoviendo una cultura de denuncia, señaló.
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