Martín Aguilar
Ante las obras de remodelación de la Plaza Agustín Jáuregui vecinos de la colonia Insurgentes Mixcoac demandaron al titular de la alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, se acate el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 21 de julio de 2000, por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal y, así, evitar la libre circulación vehicular dentro de un área protegida por la ley.
Durante una manifestación en la vía pública colonos del lugar pidieron a las autoridades competentes y al responsable de la demarcación territorial la modificación de la obra y respetar lo establecido en la ley, cuando con el proyecto se prevé abrir la plaza a la circulación vehicular y colocar parquímetros, a pesar de ser área protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a su valor histórico y existir un Decreto en contra.
Resulta que los informes dieron cuenta que desde que comenzó la obra de remodelación, efectuada por la alcaldía Benito Juárez, el proyecto no ha contemplado el cumplimiento de lo que la ley dicta para esta zona.
Dentro del decreto se expone que la circulación vial y peatonal será controlada, por lo que no se permitirá el estacionamiento público, excepto para usuarios de la Casa de la Cultura y de la parroquia y para los vecinos que habitan en los predios con frente a ellos.
El proyecto fue notificado por la demarcación territorial a los residentes de la plaza dos días antes del inicio de la obra, sin que existiera información ni consulta previa a vecinos.
Los habitantes de la zona demandan se respete el decreto que reconoce a la Plaza Agustín Jáuregui como un sitio de interés histórico y cultural, prioritariamente peatonal y con acceso y estacionamiento vehicular restringido, limitado a los residentes y usuarios del lugar, como lo dictaminó en su momento la Asamblea Legislativa y que no se convierta en un estacionamiento público con parquímetros.
De igual forma, que tal como lo establece la legislación mexicana en materia de participación ciudadana, se considere siempre la opinión y necesidades de los vecinos residentes de la plaza, para que efectivamente las obras públicas contribuyan a la convivencia y solidaridad de todos quienes coexistimos en la plaza y no a intereses ajenos.
Se dio cuenta que el Programa Delegacional de Benito Juárez, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de abril de 1997, señala que, en la Plaza Agustín Jáuregui, de la colonia Insurgentes Mixcoac, se localizan edificaciones con alto valor patrimonial, histórico y cultural, como son el Templo y Convento de Santo Domingo, la Capilla de Nuestra Señora del Rayo, el predio del ex obraje que ocupa actualmente la Universidad Panamericana, y el Centro Cultural Juan Rulfo, entre otros.
Ante ello, la plaza cuenta con Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble, quedando dentro de la jurisdicción y competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Con todo y las constantes advertencias de los vecinos sobre la violación a la ley y los escritos con las inconformidades presentados al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama; al director general del INAH, antropólogo Diego Prieto Hernández; el titular de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la administración local, Andrés Lajous Loaeza y al alcalde Taboada Cortina, alcalde de la Benito Juárez, así como a los funcionarios que atienden la obra de remodelación, ninguna autoridad se ha pronunciado a favor de acatar el decreto que sigue vigente hoy en día.
Por las afectaciones causadas a más de 50 familias que habitan la Plaza Agustín Jáuregui, en donde vive un número considerable de personas de la tercera edad, las autoridades han planteado la posibilidad de la colocación de parquímetros, lo que se contrapone con el Decreto.
La vecina del lugar afectada, Alejandra Gómez, consideró que es inaudito que las mismas autoridades violen la ley.
"Desde el inicio de la remodelación los vecinos de la Plaza hemos levantado la voz y no se nos ha escuchado. Cada nueva jardinera, banca o bolardo que han colocado o que pretenden colocar, así como el ensanchamiento del acceso vehicular que están haciendo, vulnera el derecho de los residentes de este lugar", precisó.
Dijo que se exige al alcalde y a las autoridades competentes que respeten los acuerdos y se apeguen al decreto vigente.
Los que se manifestaron denunciaron que, hasta la fecha, la obra es dirigida y supervisada por el ingeniero Alberto Islas, exfuncionario de la alcaldía Benito Juárez, inhabilitado meses atrás, quien aún "atiende" a los vecinos.
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