En el marco de las recientes presiones que México ha enfrentado para limitar los impactos negativos del uso del glifosato y el maíz transgénico, El Poder del Consumidor, apoyado por Bertha Foundation, dio a conocer el primer estudio de caso de una serie de tres, titulado "Producción – La agenda detrás del glifosato y los maíces transgénicos".
La investigación forma parte del proyecto "Bajo la mira: El control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México".
En una conferencia de prensa virtual, se informó a través de diversas prácticas identificadas, industrias y funcionarios, se han organizado para frenar, debilitar o evitar la aprobación de medidas como el Decreto Presidencial en materia de glifosato y Maíz transgénico, la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo, y la iniciativa de Reformas a la Ley General de Salud en materia de Plaguicidas.
El estudio tiene como objetivos: documentar las estrategias de influencia ejercidas por diferentes actores (entidades comerciales y sus representantes) en los espacios y procesos de toma de decisión en México; analizar y visibilizar las prácticas y vehículos de poder mediante las cuales, diferentes entidades comerciales (y sus representantes) moldean, retrasan o frenan la implementación de regulaciones y políticas públicas con impacto en la salud pública y el medio ambiente en México y visibilizan las propuestas de políticas y medidas regulatorias necesarias para proteger los bienes comunes (alimento-medio ambiente-salud).
Los resultados identifican que corporaciones como Bayer-Monsanto, BASF, Cargill, Syngenta, Corteva, Bunge y DuPont, entre otras grandes industrias agroalimentarias, se han opuesto a avances regulatorios en el país, como el Decreto Presidencial en materia de glifosato y Maíz transgénico, la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo, y la iniciativa de Reformas a la Ley General de Salud en materia de Plaguicidas, poniendo la salud de las y los agricultores, consumidores y el equilibrio ecológico en riesgo.
Esta interferencia ha sido posible gracias a acciones realizadas en el entorno político, la formación de preferencias, el entorno del conocimiento, el entorno jurídico, e incluso el entorno extrajurídico.
Entre los actores aliados a estas corporaciones a nivel nacional, se identifican al Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organizaciones como la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC) y actores que ejercen cabildeo de alto nivel al interior del Gobierno Federal como el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y exfuncionarios como Julio Scherer y Alfonso Romo.
Mientras tanto, en la esfera internacional, Estados Unidos ejerce presión a través del Tratado de Libre Comercio (T-MEC), actores como Katherine Tai, -representante de Comercio del país, y el secretario de Agricultura- y anteriormente cabildero de la industria láctea, Tom Vilsack, además de organizaciones como la American Corn Grower's Association.
El glifosato, -herbicida ampliamente utilizado en la agricultura-, ha levantado preocupaciones a nivel global debido a sus impactos comprobados en la salud humana y el medio ambiente. Diversos estudios han asociado el glifosato con un mayor riesgo de diferentes tipos de cáncer, trastornos endocrinos y daños al sistema reproductivo.
Una de las principales preocupaciones es el impacto negativo en la diversidad genética de los maíces nativos, amenazando así la seguridad alimentaria y la autonomía de los pueblos y agricultores/as locales. Además, la comunidad científica también ha mostrado preocupaciones sobre los efectos a largo plazo en la salud humana y el medio ambiente, razón por la cual expertos/as en la materia llaman a la aplicación del principio precautorio para así evitar su siembra y liberación.
Recientemente, Estados Unidos ha ejercido una fuerte presión sobre México a través del T-MEC para debilitar su postura firme frente a la importación de glifosato y maíces transgénicos, argumentando que el Decreto Presidencial "carece de suficiente evidencia científica para sostenerse".
Esto, pese a que instituciones como CONAHCYT han presentado diversas conferencias con expertos y revisiones integrales de la evidencia comprobando lo contrario.
Prácticas como la corrupción de la ciencia para beneficio de las corporaciones, el desconocimiento de evidencia que no conviene a sus intereses y la manipulación de la información a través de grupos fachada y cámaras industriales en los medios de comunicación, permiten influenciar en la esfera política, mientras que otras estrategias legales, como la presentación de amparos, se despliegan para intentar frenar aquellos avances regulatorios consolidados.
Frente a la presión de las grandes agroindustrias y sus aliados políticos, es crucial contar con regulaciones sólidas que consideren la evidencia libre de conflictos de interés y garanticen así la protección de la salud humana, el medio ambiente y la soberanía alimentaria.
La vigilancia de la ciudadanía, el sector académico y la sociedad civil organizada pueden hacer posible la creación de contrapesos y el impulso de acciones colectivas para la protección de nuestros maíces, tal como lo ha demostrado la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País.
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