Martín Aguilar
Tras el reciente operativo de reordenamiento del comercio en vía pública en la zona de San Cosme, que desató una confrontación de posturas entre la alcaldía Cuauhtémoc y representantes del sector informal, llevó a que la diputada local Diana Sánchez Barrios alzara la voz para denunciar lo que calificó como un uso excesivo de la fuerza y provocaciones por parte de la administración de Alessandra Rojo de la Vega contra las familias trabajadoras.
Durante la conferencia denominada "La Chilanguera", Sánchez Barrios fue enfática al señalar que el equipo de la alcaldía actuó con violencia, llegando incluso a insultar y llamar "criminales" a los comerciantes que intentaban realizar su labor.
A pesar de la dureza de sus críticas, la legisladora aclaró que no existe un rompimiento político con la alcaldesa Rojo de la Vega, aunque sostuvo que existen "realidades de violencia" que no pueden ignorarse y afirmó que la alcaldía se percibe "abandonada".
La diputada recordó que la presencia de estos comerciantes en San Cosme no es fortuita, sino el resultado de un acuerdo previo con el exalcalde interino Raúl Ortega, mediante el cual se aceptó la reubicación para liberar el túnel de Génova en la Glorieta de los Insurgentes hace aproximadamente año y medio.
Por su parte, la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, a través de su vocero Paulo García, hizo un llamado a evitar la confrontación y a conducir el ordenamiento del comercio mediante el diálogo y los canales legales.
García abordó las denuncias de presuntas agresiones sufridas por la alcaldesa durante el operativo, señalando que, tras revisar evidencias, no se han encontrado imágenes de agresiones directas hacia ella. No obstante, el morenista manifestó su rechazo absoluto a cualquier acto violento, en caso de comprobarse que alguien hubiera agredido a la titular de la demarcación.
Ante el clima de crispación, Diana Sánchez Barrios manifestó su disposición para fungir como facilitadora en las mesas de negociación entre la organización ProDiana y las autoridades de la alcaldía. El objetivo, según la legisladora, es que los comerciantes populares puedan trabajar con orden, pero sin ser víctimas de agresiones o despliegues policiales intimidatorios.
Esta situación pone de manifiesto la complejidad de regular el espacio público en una de las zonas más dinámicas de la capital, donde el consenso entre autoridades y organizaciones sociales sigue siendo el principal reto para evitar futuros enfrentamientos.
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