Martín Aguilar
Con el objetivo de reformar el Código Penal y establecer sanciones contra quienes utilicen falsamente la violencia de género como un mecanismo de extorsión o presión para obtener beneficios personales, la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, a través de la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz promueve una iniciativa.
En su calidad de legisladora proponente, la panista Guillén dijo que es preciso sancionar el uso indebido de denuncias de violencia de género como mecanismo de presión o beneficio personal, al tiempo que aclaró que no se criminaliza el movimiento feminista, sino que se protege su legitimidad y la correcta impartición de justicia.
Señaló que es preciso emprender la reforma al Código Penal local para evitar que casos de denuncias falsas desacrediten la lucha histórica de las mujeres y afecten la confianza en las instituciones.
"El feminismo no es una lucha entre hombres y mujeres, tampoco busca convertirnos en una especie dominante sobre los demás. Pero sí es nuestra responsabilidad cuidar a nuestras niñas y adolescentes, cuidarnos entre mujeres y de evitar que se utilicen herramientas jurídicas con fines indebidos que dañan la causa legítima de la equidad de género", declaró la representante popular de Acción Nacional.
Fundamentó que la iniciativa responde a la preocupación por casos en los que se ha usado la violencia de género como una estrategia de coacción y extorsión, poniendo en entredicho la credibilidad del sistema de justicia.
Guillén Ortiz citó ejemplos recientes, como el caso de la pasajera conocida como "Lady Uber", quien intentó coaccionar a un conductor con una falsa acusación de acoso. Gracias a que el vehículo contaba con una cámara de seguridad, se pudo demostrar la falsedad de los hechos.
"Hoy en día, la palabra de una mujer tiene un gran peso y con razón, es el resultado de una lucha históricamente justa y necesaria. Sin embargo, estas acusaciones deben estar sustentadas en pruebas, porque las falsas declaraciones no solo dañan la vida de personas inocentes, sino que también afectan la causa de la justicia para quienes realmente han sido víctimas", estableció.
Con la propuesta se quiere proteger a las verdaderas víctimas de violencia de género, garantizando que los mecanismos jurídicos sean usados con responsabilidad y sin manipulaciones que perjudiquen a inocentes.
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