Rebeca Marín
Con 39 votos a favor y 17 en contra, las personas legisladoras del Congreso de la Ciudad de México, en su carácter de Constituyente Permanente, aprobaron la minuta con proyecto de decreto para reformar el párrafo V del artículo 25, los párrafos VI y VII del artículo 27 y el párrafo IV del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de áreas y empresas estratégicas.
Los votos emitidos por la oposición no fueron suficientes para evitar pasara el documento y la bancada de Morena, junto con sus aliados, sacaron la reforma constitucional con una presidenta de la Mesa Directiva del recinto de Donceles y Allende, la morenista Martha Soledad Ávila Ventura, que hizo votos porque lo avalado contribuya a los avances en materia del reconocimiento del derecho humano a la energía eléctrica de las personas y sea por el bien de la nación.
Tras ser notificada de los votos emitidos y de que se logró la aprobación, la diputada presidenta dijo que la reforma en materia energética permitirá que se registren cambios trascendentales en este sector, para fortalecer la regulación estatal del sistema eléctrico y de las empresas estratégicas.
Y declaró: "hacemos votos para que la reforma contribuya a los avances en materia del reconocimiento del derecho humano a la energía eléctrica de las personas y que sea por el bien de la nación".
Durante la sesión en el recinto de Donceles y Allende en su carácter de Constituyente permanente, la diputada de la bancada del PAN, Lizzette Salgado Viramontes, al participar en contra de la minuta, señaló que "cerrar los espacios en materia eléctrica a las empresas privadas implica cerrar la puerta a formas más eficientes, baratas y sustentables de producción de energía", por tanto, sostuvo que esta reforma lo que hace es "cancelar la transición a las energías limpias".
Mientras tanto, a favor, la morenista Cecilia Vadillo Obregón expuso que la propuesta busca la reivindicación de un modelo de país antineoliberal, que deje de lado la visión de la ganancia privada a costa de los bienes públicos, de las comunidades y del tejido social, y busca colocar como prioridad la prosperidad compartida para las y los mexicanos.
De la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, su coordinador Royfid Torres González fundamentó que se requiere un sistema eléctrico más eficiente, accesible, limpio y suficiente para todas las personas, a la vez que estimó que la reforma no permitirá lograr la seguridad energética, satisfacer la demanda, ni tener soberanía energética, al dejar afuera a los sectores privados de la generación de energía, "necesitamos una política energética que ponga en el centro la salud y el medio ambiente de las y los mexicanos.
También en defensa de lo aprobado, la congresista morenista Valentina Valia Batres Guadarrama, aludió que la propuesta reafirma la importancia de la rectoría del estado sobre sectores estratégicos para fortalecer la soberanía nacional, y es una respuesta ante la pérdida de capacidad de regulación que generó exclusión social, pues el acceso a servicios fundamentales ya no estará sujeto a fluctuaciones del mercado ni intereses privados; existirá acceso a beneficios energéticos de forma justa e inclusiva.
El vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Omar Alejandro García Loria, se manifestó en contra al exponer que la reforma representa un retroceso de la nación.
Delineó que es alarmante poner en riesgo el tratado con Estados Unidos y Canadá, y se podrían desencadenar efectos adversos a la economía, el comercio e inversiones.
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, su vicecoordinadora Miriam Saldaña Cháirez, precisó que la reforma orienta los esfuerzos a beneficiar directamente al pueblo ofertando tarifas más accesibles, reduce la dependencia de empresas extranjeras y contribuye al fortalecimiento de la autonomía del país respecto al sector energético.
En contra parte, la legisladora de Acción Nacional, Claudia Susana Pérez Romero, sostuvo que la reforma no corresponde a la Agenda 20-30 al no ayudar a conseguir energías sustentables ni dar certeza ni seguridad energética y al no partir de un estudio real de las necesidades en el tema energético que requiere el país, y afirmó que en la actualidad el 11 por ciento de la población mexicana sufre de apagones.
La congresista morenista Valeria Cruz Flores, puntualizó que gobiernos de corte neoliberal afectaron a instituciones públicas con CFE, pero a partir de 2018 se comenzó a cumplir el mandato constitucional de que el estado tenga la rectoría del desarrollo, y con este cambio se tendrán empresas públicas y se impulsarán áreas estratégicas respetando la soberanía, con sustentabilidad y con acceso a menor precio.
Al hacer uso de la tribuna, la diputada de MC, Patricia Urriza Arellano, en el momento de razonar su voto afirmó que al ser la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incapaz de distribuir la totalidad de la energía eléctrica, se pone en riesgo la seguridad energética.
En su momento, el diputado del PVEM, Víctor Gabriel Varela López, indicó que la reforma permitirá que los combustibles y la energía eléctrica a menor costo sirvan de motor al desarrollo económico.
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