Rebeca Marín
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, este 5 de junio, la titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Mariana Boy Tamborrell, pidió al Congreso Local aprobar la Sugerencia de Ley de Responsabilidad Ambiental que entregó en diciembre del año pasado para su análisis y discusión.
El proyecto de Ley elaborado por la PAOT tiene como propósito regular la responsabilidad por daños ocasionados al ambiente –tanto a sus elementos naturales (arbolado, áreas verdes, bosques, áreas de valor ambiental y suelo de conservación); como a sus elementos artificiales o construidos (edificios, infraestructura de desarrollo urbano e inmuebles catalogados)—, así como las afectaciones a la salud e integridad de las personas.
El organismo capitalino, en un comunicado, detalló que de conseguir que el Congreso analice y apruebe esta Ley, cualquier persona podrá demandar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que se reparen los daños provocados al medio ambiente y a la salud, y esto implica que las cosas se regresen al estado original en el que se encontraban antes de la afectación.
"Contar con un sistema de responsabilidad ambiental nos va a permitir proteger y evitar el deterioro continuo de nuestro medio ambiente. Por ello, en esta fecha que es muy importante hacemos un llamado a nuestros legisladores para que aprueben esta Ley para evitar que se siga vulnerando el derecho que tenemos todas las personas a disfrutar de un medio ambiente sano", señaló la Procuradora Ambiental.
A diferencia de lo que ocurre con el actual sistema de responsabilidad administrativa, civil o penal que solo sanciona para detener el ilícito, pero el daño permanece, la Sugerencia de la PAOT se sustenta en el principio de reparación integral del daño ambiental, con lo que la persona responsable no solo sería sancionada con multas, clausuras o la cárcel, también estaría obligada a restituir, restaurar o compensar el daño provocado, evitando con ello que se sigan acumulando los daños.
La Ley de Responsabilidad Ambiental prevé que las acciones de responsabilidad prescriban a los 12 años, contados a partir del día en que se conozcan los efectos del daño al ambiente.
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