Martín Aguilar
La coordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente del Congreso capitalino, Diana Sánchez Barrios, promueve una reforma a la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México en materia de protección de las expresiones culturales populares, urbanas, sonideros y otras.
Al fundamentar la iniciativa que presentó en ese sentido, delineó que los sonideros son parte de una práctica cultural que nació en los barrios, que se transmite de generación en generación y que ya fue reconocida oficialmente como patrimonio cultural inmaterial de la capital del país.
"Cuando el Estado reconoce una expresión cultural como patrimonio vivo, no hace un gesto simbólico, sino asume una responsabilidad concreta: crear condiciones para que esa práctica pueda seguir existiendo. Proteger no es solo declarar, es garantizar reglas claras, trato digno y certeza jurídica para quienes sostienen esa cultura todos los días", sostuvo la congresista afín a Morena al fundamentar la propuesta.
Sánchez Barrios propuso ordenar el ejercicio de la autoridad, así como establecer criterios objetivos y evitar que la vida cultural de los barrios dependa del humor, la ideología o la voluntad política de quien gobierna en turno. "Reglas claras significan menos conflicto, menos operativos punitivos y más certeza para todas y todos".
Delineó que la iniciativa parte de una idea muy simple pero muy poderosa: "la cultura popular no se tolera, se protege; no se controla, se acompaña; no se criminaliza, se reconoce en la ley".
Explicó que la propuesta consiste en reformar la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México para que las demarcaciones tengan la obligación expresa de emitir y publicar lineamientos claros, públicos y no discrecionales para el otorgamiento de permisos relacionados con expresiones culturales reconocidas como patrimonio cultural inmaterial, como los sonideros, en coordinación con la Secretaría de Cultura
Durante la presentación de la iniciativa en el marco de la sesión de la Comisión Permanente, aseveró que con ello se busca armonizar reconocimiento cultural con la actuación administrativa, evitar criterios arbitrarios, garantizar seguridad jurídica a las comunidades y asegurar que el ejercicio de estas prácticas culturales en el espacio público se realice con enfoque de derechos culturales, respeto a la identidad comunitaria y participación de quienes las sostienen, sin criminalización ni trato desigual frente a otros tipos de eventos.
La congresista consideró que se tiene una contradicción que ya no se puede permitir, toda vez que por un lado se reconoce el valor cultural de estas expresiones y por el otro, se tratan como si fueran un problema administrativo, sujetas a criterios discrecionales, a suspensiones arbitrarias o a decomisos que no distinguen entre una actividad comercial privada y una práctica cultural comunitaria.
"Los sonideros no son solo música ni eventos aislados, son memoria colectiva, redes de cuidado barrial, economía popular, espacios donde se encuentran familias completas, juventudes, personas mayores y comunidades enteras. En una ciudad como la nuestra, la identidad no se construye desde los escritorios, sino en la calle, en la plaza y en el barrio", detalló.
Diana Sánchez expuso que cuando se cancela sin reglas claras, se criminaliza sin distinguir; "no solo se apaga un sonido, se rompe tejido social, se vulneran derechos culturales y se profundiza la desconfianza entre autoridades y comunidad".
Recomendó que la ley no trate estas expresiones como si fueran iguales a cualquier otro evento. "No tienen la misma finalidad, no tienen la misma lógica y no producen los mismos efectos sociales. Aplicarles las mismas reglas pensadas para espectáculos comerciales es jurídicamente incorrecto y socialmente injusto. Lo que hoy proponemos no es quitar facultades a las alcaldías ni generar excepciones arbitrarias", remató..
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