Martín Aguilar
La reciente elección del Poder Judicial ha sido calificada como un ejercicio fallido por diversos actores políticos, académicos y organizaciones de la sociedad civil, quienes han señalado severas irregularidades en el proceso y cuestionado el uso de más de 13 mil millones de pesos del erario.
Organismos como México Evalúa, el CIDE y Artículo 19 documentaron la falta de condiciones para una elección libre e informada, mientras que la OEA y observadores de la ONU alertaron sobre la falta de neutralidad en la etapa previa de selección de candidatos, lo que comprometió la legitimidad del proceso.
En conferencia de prensa, el dirigente del PRI en la Ciudad de México, Israel Betanzos, calificó la elección como un despropósito presupuestal y criticó la asignación de recursos en un contexto nacional con profundas carencias en áreas como salud, seguridad y educación.
"Un ejemplo claro es el Instituto Nacional de Cancerología, que opera con un presupuesto anual cercano a los 1,500 millones de pesos. Eso representa apenas el 11 por ciento de lo que se gastó en una elección judicial que no garantizó transparencia ni resultados", afirmó.
Betanzos también señaló que la campaña de difusión fue insuficiente y tardía, lo que provocó un bajo nivel de conocimiento ciudadano sobre los candidatos y candidatas, así como un alto número de votos nulos o en blanco, agravado por un diseño de boleta complejo con listas extensas de nombres sin información curricular.
Especialistas en temas de justicia han advertido que esta elección, en lugar de fortalecer al Poder Judicial, podría comprometer aún más su independencia y credibilidad. En este sentido, se ha subrayado la necesidad de fortalecer la defensoría pública y la carrera judicial, para garantizar que los cargos se otorguen con base en méritos, integridad y profesionalismo.
"No se trata de elegir por elegir. Se trata de garantizar que quienes imparten justicia tengan la preparación, independencia y honestidad necesarias para enfrentar los retos de un país como México", concluyó el dirigente priista.
La controversia en torno a esta elección podría marcar el inicio de una nueva etapa de debate sobre la reforma judicial y sus implicaciones para la democracia y el Estado de Derecho en México.
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