Martín Aguilar
En la presentación de su informe anual, la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, manifestó que el 2023 fue un año de intenso trabajo para la continuidad de cada una de las tres líneas estratégicas que establecimos en noviembre del 2017: Atención centrada en las personas y las víctimas; Diálogo permanente con actores sociales y públicos; y Modelo de gestión con disciplina administrativa.
Asimismo, reconoció que la Ciudad de México, "donde habitamos y transitamos es una urbe politizada, con gran tradición participativa, en donde cada vez más grupos tienen introyectadas sus demandas, a partir de la convicción de ser titulares de derechos".
De ahí, la mayor corresponsabilidad de atenderlas y avanzar en el Respeto, Garantía, Promoción y Protección, de sus derechos humanos señaló.
Ante la presencia del jefe de gobierno, Marti Batres, resaltó que de 2017 a la fecha, ha trabajado con 16 Delegadas y Delegados, así como con 35 titulares de Alcaldías; y próximamente trabajará con 12 nuevos Alcaldes y Alcaldesas, y continuaremos el trabajo con 4.
Ramírez Hernández eligió el trabajo legislativo y su relevancia, en una Ciudad como la CDMX, con una Constitución sumamente progresista.
Explicó que desde el 5 de febrero de 2017, fecha en que fue promulgada la primera Constitución Política de la Ciudad, el Poder Legislativo ha armonizado y/o publicado al menos 120 leyes.
Hizo referencia que su gestión ha coincidido con cuatro titulares de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y recibirá a la quinta, a partir del 5 de octubre, para continuar con la construcción de puentes de trabajo sostenido para la defensa y promoción de derechos humanos.
Por tanto, añadió, uno de los principales desafíos que retomará la siguiente Legislatura, es dar por concluida la armonización legislativa y publicación de cuerpos normativos que derivan de y mandata nuestra Constitución.
Nashieli Ramírez destacó que pendientes, de manera relevante, el Plan General de Desarrollo, los Programas de Ordenamiento Territorial, los Sectoriales, Especiales e Institucionales; y los Parciales de colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, fundamentales para el avance en los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).
Asimismo, para la protección y garantía de los derechos de personas trabajadoras no-asalariadas, es necesaria la legislación que mandata la Constitución, para brindarles seguridad jurídica y reconocimiento de su aportación a la economía, cultura y vida diaria, de una urbe tan dinámica y diversa como la nuestra.
Así como la legislación que dé vida a un Sistema Integral de Cuidados, diseñado con todo el entramado, para que especialmente los Grupos de Atención Prioritaria gocen de manera efectiva de los bienes y servicios que subsanen las brechas de desigualdad.
En lo relacionado a la atención a personas migrantes en la Ciudad de México, ya sea que permanezcan aquí o que se encuentren en tránsito, pues se ha identificado que la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal requiere ser modificada para que, entre otros criterios, prime el de coordinación, para que ésta no recaiga en la SEPI, como se diseñó originalmente.
Ramírez Hernández destacó que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 la cdhcm proporcionó 49 mil 309 servicios –en beneficio de 55 mil 670 personas–, de los cuales 36.5% fue proporcionado en las oficinas de las delegaciones o a través de sus jornadas de proximidad territorial.
Resaltó que este Organismo Público de Protección de Derechos humanos cuenta con las herramientas, a partir de su mandato y experiencia, para avanzar en esa dirección y acompañar al Estado, de cara a las personas en su diversidad, de cara a garantizar seguridad humana.
"No somos entidades fiscalizadoras; somos entidades habilitadoras de derechos, en todo su ciclo: Ejercicio, Respeto, Garantía, Promoción, Protección, Investigación de violaciones, y Reparación", indicó.
Este organismo dio atención a 176 expresiones de protesta social y 22% de los acompañamientos in situ estuvo vinculado con protestas en contra de la violencia hacia las mujeres.
En 2023, se registraron 8 058 expedientes de queja que fueron turnados a las cinco visitadurías generales para su atención, investigación y determinación; estos expedientes incluyeron agravios a más de 11 200 personas y colectivos, en su mayoría por presuntas violaciones a sus derechos a la seguridad jurídica, a la salud, al debido proceso, a la integridad personal y a la reinserción social.
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