Luego que la tarde del martes 31 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador sufrió un fuerte revés.
Un juez federal ordenó suspender temporalmente la reforma que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial, con recursos de más de 15 mil millones de pesos.
El juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, Juan Fernando Luévano, concedió la primera suspensión provisional contra la extinción.
El fallo favoreció a la magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Chihuahua, María del Carmen Cordero Martínez.
Mediante una demanda impugnó el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el que se eliminan los fideicomisos, mientras que el juez ordenó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no transferir los recursos.
Se trata de poner un alto al Decreto y ordena abstenerse de aplicar las consecuencias y efectos de la disposición reclamada.
La víspera, López Obrador retó al Poder Judicial a que los 15 mil millones de pesos de los 13 Fideicomisos se destinaran a los damnificados del Huracán Otis en Acapulco.
El mandatario nunca se imaginó que pronto tendría respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues de inmediato su presidenta Norma Piña se mostró dispuesta a discutir el reto del Ejecutivo.
El tema se enmarca en un repudio generalizado al abuso del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, sin respeto al equilibrio de poderes de la nación.
Paralelamente, colegios de abogados del país y de agrupaciones internacionales, rechazaron lo aprobado por el Morena y aliados en el Congreso de la Unión.
Advierten que la disolución de los 13 Fideicomisos, limita la capacidad del Poder Judicial para cumplir sus obligaciones legales.
Lo aprobado por Morena pone en riesgo la cubertura de jubilaciones, de salud y otros beneficios para los trabajadores.
Es decir, que en su iniciativa, López Obrador afecta al 60% de la fuerza laboral del Poder Judicial. Sin ese personal no podrá funcionar adecuadamente.
Dichas acciones coaccionan la independencia judicial, incluidas amenazas de violencia dirigidas a jueces.
La tarea del Poder Judicial consiste en brindarles a los ciudadanos controles y equilibrios entre los tres poderes para moderar la extralimitación excesiva de cualquier poder.
"Sin tales controles y equilibrios, el gobierno puede convertirse en una dictadura o abusar del sistema de una manera que disminuya las libertades individuales", alertaron las agrupaciones de abogados.
¿Es eso lo que busca López Obrador? ¿La supremacía de su poder el Ejecutivo?
De ser así otorga argumentos a sus adversarios que lo acusan de pensar y actuar como dictador. Por lo pronto lo frenaron.
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