Rebeca Marín
Al menos siete altos mandos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador percibieron en 2022 "ingresos extras" similares, iguales o superiores a sus salarios netos anuales como servidores públicos, por venta de inmuebles, de autos, arrendamientos o pensiones, entre otros conceptos.
De acuerdo con las declaraciones patrimoniales en 2023 de distintos funcionarios publicadas en la plataforma Declaranet, tal es el caso de Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien no sólo registró ingresos superiores a los del presidente López Obrador, sino que se quedó a 300 mil pesos de percibir el doble de su salario como servidor público a través de ingresos extras.
El funcionario reportó en su declaración patrimonial una percepción anual neta como servidor público de 2.1 millones de pesos, pero también registró ingresos adicionales por 3.9 millones de pesos, de los cuales 3.5 millones fueron por un arrendamiento (sin especificar el bien) y 440.4 mil por fondos de inversión.
En esa misma situación está el subsecretario de Energía, Miguel Ángel Maciel Torres: rebasa el salario del presidente, —que el año pasado fue de 1.6 millones de pesos netos—, y superó su salario como funcionario federal con sus propias actividades particulares.
La percepción anual de dicho funcionario en 2022 fue de 3.6 millones de pesos en su cargo como servidor público, pero además reportó la venta de un inmueble por un monto de 3.9 millones de pesos y de un vehículo de 200 mil pesos.
En este ejercicio de rendición de cuentas, hay otros casos como el del comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Leopoldo Vicente Melchi, quien superó por 500 mil pesos su entrada anual como servidor público.
El funcionario reportó ingresos netos anuales en su cargo por 1.7 millones de pesos y percepciones extra por 2.7 millones de pesos, por cobro de pensiones.
En la misma situación está la directora general del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), Lirio Elízabeth Rivera Calderón. En su declaración patrimonial 2023, registró un ingreso anual neto de 4.1 millones de pesos, de los cuales 1.7 millones de pesos fueron por su cargo como servidora pública y 2.3 millones por la venta de un inmueble.
Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), duplicó sus ingresos particulares en comparación con su salario anual neto como servidor público.
Fernández Fuentes declaró un ingreso como funcionario de 1.7 millones de pesos, pero también reportó una percepción extra por 3.9 millones de pesos por la venta de un inmueble.
Rafael Fernando Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, casi igualó su remuneración anual como funcionario con los ingresos adicionales que reportó.
El funcionario registró un ingreso extra de 1.5 millones de pesos por un arrendamiento y "dividendos". Mientras que reportó una percepción anual neta de 1.6 millones de pesos por desempeñar su encargo público.
Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), también registra en su declaración patrimonial la venta de un inmueble por la cantidad de 1.4 millones de pesos, mientras que su ingreso anual neto como servidor público fue de 1.6 millones de pesos.
De acuerdo con la revisión que realizó El Sol de México a las declaraciones patrimoniales de altos mandos de la Cuatroté, también hay funcionarios que perciben ingresos extras por becas otorgadas por el Conahcyt, como el secretario de Salud, Jorge Alcocer, de 432 mil pesos anuales.
La directora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), María Elena Álvarez-Buylla, también percibe 65 mil 833 pesos al año como investigadora C de tiempo completo con comisión en la UNAM.
También Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, declaró un ingreso extra de 23 mil pesos por concepto de "pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores".
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, comentó que, si bien un servidor puede tener ingresos por actividades diferentes a la de su función pública, la pregunta de fondo es "¿si su actividad económica es en el mismo sector en el que son servidores públicos", ya que "eso abre la puerta a potenciales conflictos de intereses".
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